Ilegalización y financiación de los Partidos políticos

Hay tres causas fundamentales en virtud de las cuales se puede disolver un partido político: Ilicitud penal: es posible disolver un partido político cuando dicho partido aparece tipificado como asociación ilícita por el Código Penal (art. 515 CP). Cuando vulneren de forma reiterada y grave la exigencia de tener, como reza el art. 6 CE, una estructura interna y un funcionamiento interno democráticos. Cuando un partido, de forma reiterada y grave, intente destruir el régimen de libertades mediante una serie de conductas que aparecen tipificadas en el art. 9 de la LOPP: *Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. *Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. * Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma La STC 48/2003 sobre inconstitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos y sobre la libre difusión de ideas promovida por el Gobierno Vasco contra el Estado español dice que, según la LOPP “no es constitucionalmente rechazable que un partido que con su actuación ataca al pluralismo, poniendo en peligro total o parcialmente la subsistencia del orden democrático, incurra en causa de disolución Las exigencias de la democracia interna de los partidos conforme a la LOPP: El art. 7 LOPP fija unos requisitos mínimos: La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Todo partido político deberá contar con una asamblea general o congreso que agrupe al conjunto de sus miembros como órgano superior del gobierno del partido. Deberá contar con órganos directivos previamente establecidos en los estatutos y elegidos por sufragio libre y secreto. Deberá contar con reglas que fijen para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos de debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Deberá contar con elementos de control democrático internos de los dirigentes elegidos. El art. 8 LOPP se dedica a regular jurídicamente el estatuto básico de los afiliados al partido (derechos y deberes con los que cuentan los afiliados a los partidos políticos). Y, finalmente, queda el tema del control judicial: cuando se cumple lo dispuesto en el art. 8 en materia de derechos y deberes de los afiliados al partido, cabe acudir al control judicial. Estas serían las exigencias democráticas internas de los partidos políticos, lo cual viene respaldado por lo que dice el último inciso del art. 6 CE: “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

La financiación de los partidos políticos