Las áreas de actuación son Menores en situación de riesgo; Drogodependientes; Minusválidos; Reclusos; Personas sin techo; Juventud; Inmigrantes; Mujeres y Tercera edad.//+ Las Leyes enumeran varios instrumentos para conseguir sus objetivos. Viviendas tuteladas, familias de acogida, programad de mediación familiar, apoyo a las familias numerosas, a la planificación familiar, pisos refugio, centros de día, Residencias asistidas, comedores sociales, Albergues, etc. //+ La familia como beneficiaria de prestaciones económicas: en algunas Comunidades como Madrid, contemplan prestaciones no periódicas para evitar internamientos innecesarios a ciudadanos en situaciones de reconocida necesidad. E incluso contemplan que podían concederse ayudas económicas periódicas en casos excepcionales.
Algunas Comunidades han regulado Ingresos Autonómicos de Integración o un sistema de Garantía de Rentas Mínimas que configuran un paso más en el desarrollo de prestaciones sociales y que, todas ellas, contemplan la situación familiar como determinante para la concesión de las ayudas.

Los Servicios para la familia en las CCAA.
Por política familiar se entiende aquella medida adoptada por el gobierno para aumentar, sostener o cambiar la estructura y la vida familiar. Se trata de un conjunto de medidas o instrumentos sociales que cumplen las familias. Se pueden plantear dos posibilidades de actuación. Se puede reconocer explícita o directa cuando el objetivo prioritario es proteger, estimular o reestructurar formas de familia; la familia es eje y punto de referencia. Por el contrario, se considera una política familiar implícita o indirecta aquella donde la familia no es punto prioritario de referencia de las actuaciones.
En España las medidas públicas de apoyo y protección a la familia se activan desde la sectorialidad y la fragmentación sin una concepción global y coherente, sin tener en cuenta la necesidad de ayudar a familias como grupo social indispensable para el desarrollo de la sociedad. Se verá mejorada tras la aprobación por parte del Gobierno en 2001 del Plan Integral de Apoyo a las Familias. 
a) El grado de institucionalización de la realidad familiar en la estructura orgánica de los Gobiernos Autonómicos: la multiplicidad de opciones y de variantes de dicha política pública va en correlación con una determinada estructura social. Dependerá de las necesidades que la población de dicha CA registre. En Galicia existe una Consejería de la Familia, en Cataluña una Secretaría de la Familia dependiente de la Consejería de Bienestar Social, en Castilla- León la Gerencia de SSSS permite un seguimiento y coordinación de las actuaciones, etc. algunas CCAA han desarrollado y puesto en marcha planes integrales de apoyo o han manifestado un claro y explícito programa de actuaciones cuyo punto de referncia es la familia. Es el caso de Galicia con el II Plan Integral de Apoyo a la familia. Otras Comunidades actúan a partir de la protección de determinados miembros de la familia como menores (Baleares), en torno a la protección e igualdad de la mujer en todas las Comunidades, etc., puesto que el abanico de posibilidades de protección es múltiple y en cierta medida dependerá de la ambición en el desarrollo de la Política Familiar en cada Comunidad Autónoma.
b) Un interesante instrumento: las desgravaciones en el IRPF estatal y las modificaciones que las CCAA pueden hace en el tramo autonómico del mismo. 
c) La Renta Mínima de Inserción: es el otro gran instrumento de actuación. La mayoría de los países de la UE la tienen establecida para atender las necesidades esenciales de la pobreza. Se trata de un instrumento que concede a toda persona que carezca de recursos mínimos de supervivencia una prestación económica que le permita mantenerse, aunque no haya trabajado, a la vez que se reconoce el derecho a la inserción mediante apoyos personalizados para el acceso a los programas de los SSSS y de Empleo.
La cuantía de la prestación se establece en función del tamaño y composición de las familias y la unidad de referencia es el hogar. Su concesión es por tiempo determinado, pero prorrogable. No es una ayuda discrecional; tiene que abonarse cuando se reúnen las condiciones fijadas. 
d) La puesta en marcha de una red de guarderías: uno de los grandes desafíos que se le presentan a las CCAA es la puesta enmarca de servicios que permitan de forma real y efectiva la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. El desarrollo y consolidación de una red de guarderías para el cuidado de los menores de 0 a 3 años se considera indispensable para la formulación de una política familiar. 
e) Servicios para las personas mayores y dependientes: los servicios de ayuda a domicilio, servicios de tele-asistencia, centros de día, residencias de la tercera edad van tomando relevancia en las políticas de actuación sobre las familias. Se comprueba como en función de las necesidades de la población se destinan los recursos a un aspecto concreto. En función de los recursos financieros con los que cuente la CA las prestaciones y niveles de protección varían considerablemente. Donde si existe acuerdo es en la promoción de la igualdad de oportunidades. La incorporación de la mujer al mercado laboral como una estrategia primordial de apoyo a la familia, principalmente en las monoparentales. 
f) Actuaciones sobre familias numerosas: en cuanto a las actuaciones sobre las familias numerosas son importantes en algunas CCAA y van desde las desgravaciones fiscales en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a prestaciones para guarderías, beneficios en la adquisición de la vivienda. Tal es el caso de CCAA como Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla León o el País Vasco, donde existe una Guía para las familias numerosas que desarrolla medidas en educación, transporte, colaboración con empresas privadas, bonificaciones en la adquisición de la vivienda.
De todas formas hacer una valoración conjunta de la situación en la actualidad es complejo, máxime cuando el reciente Plan Integral de Apoyo a la Familia aprobado por el Gobierno contempla la posibilidad de desarrollo por las CCAA. En cierto modo se ponen las bases para el desarrollo de medidas de protección y ayudas en aquellas Comunidades donde la realidad familiar no ha pasado a formar parte de la agenda política. En cualquier caso, los cambios sociales y culturales de las últimas décadas favorecen que los problemas familiares sean considerados relevantes para el desarrollo futuro de la Comunidad.