La Motivación de las Resoluciones Judiciales: Fundamento y Exigencias

Desde un punto de vista genérico, la motivación es el derecho fundamental a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, es decir, debidamente motivada. El deber de motivar las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional ineludible; su infracción puede acarrear la nulidad por inconstitucionalidad.

Motivar una resolución judicial implica explicar el porqué del fallo. El juez tiene la obligación de:

  • Indicar qué hechos considera probados y por qué, explicitando la labor de valoración de la prueba.
  • Seleccionar la norma o normas aplicables al caso.
  • Argumentar cómo los hechos probados se subsumen en el supuesto de hecho de la norma aplicable.

La razón de ser de la motivación radica en permitir el control de la legalidad de las decisiones judiciales y garantizar la posibilidad de interponer los recursos pertinentes contra ellas.

Alcance y Características de la Motivación

La motivación no tiene que ser necesariamente exhaustiva o prolija. Es admisible, con carácter general, la motivación por remisión (referencia a los fundamentos de otra resolución o dictamen, siempre que se incorporen). Sin embargo, esta técnica no procede cuando las exigencias constitucionales de motivación son especialmente intensas, por ejemplo, cuando además del derecho a la tutela judicial efectiva pueda estar concernido otro derecho fundamental, requiriéndose entonces una argumentación más detallada y específica.

Vicios de Motivación y su Impacto en la Tutela Judicial Efectiva

Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al incurrir en un vicio de motivación. Los principales vicios son:

  • Motivación inexistente: Aquella puramente arbitraria, equivalente a una afirmación axiomática y voluntarista del derecho. No se suele dar. Incluye la invocación de la propia evidencia o cuando la motivación es mínima o ausente. Un ejemplo histórico es la expresión «Ita ius esto» (así sea el derecho), utilizada por el pretor al dictar sentencia.
  • Motivación aparente: Se da con frecuencia. Ocurre cuando no existe una motivación real sobre el caso concreto, sino que se emplean fórmulas genéricas o abstractas que no se ajustan a las particularidades del litigio.
  • Incongruencia interna de la sentencia: Concepto acuñado por el Tribunal Constitucional, distinto del derecho a la congruencia externa de las resoluciones judiciales (que se verá más adelante). Afecta a la estructura lógica de la sentencia, presentando una motivación judicial formalmente existente que, sin embargo, resulta contradictoria o no concuerda con el fallo o parte dispositiva.
  • Motivación arbitraria (canon de la arbitrariedad): Según jurisprudencia consolidada (ej. Sentencia 99/1999 del Tribunal Constitucional), se produce este vicio cuando la motivación vulnera las reglas elementales de la lógica, las máximas de la experiencia común o los conocimientos científicos consolidados. Es aquella que resulta expresión del puro voluntarismo del juez, sin un sustento racional. El problema radica en no confundir la arbitrariedad (que es un vicio de motivación) con el simple error judicial (que puede ser corregido por otras vías).
  • Error patente: Para que se configure este vicio de motivación, deben concurrir los siguientes requisitos acumulativos:
    1. El error ha de ser exclusivamente imputable al órgano jurisdiccional, sin que haya sido inducido o propiciado por la actuación de las partes.
    2. El error normalmente versa sobre una cuestión de hecho (ej. una apreciación fáctica errónea y evidente) aunque excepcionalmente puede versar sobre la selección o interpretación de los presupuestos jurídicos sobre los cuales ha de fallar el tribunal.
    3. El error se ha de deducir inequívocamente de las actuaciones judiciales; ha de ser un error patente, ostensible, incontrovertible, que se aprecie a simple vista sin necesidad de complejas elucubraciones o interpretaciones.
    4. Ha de ser un error que radique en la ratio decidendi (razón fundamental del fallo) de la motivación, de modo que, de no haberse producido ese error, la decisión judicial hubiera sido otra. En toda argumentación racional hay dos partes: la que se erige en causa directa del fallo y los obiter dicta (argumentos circunstanciales o complementarios).
    5. Ese error ha de causar un perjuicio efectivo al ciudadano o justiciable.

    Deben concurrir los cinco requisitos para que exista error patente con relevancia constitucional.

  • Desconocimiento del propio precedente (vulneración del Artículo 14 de la Constitución Española – Principio de Igualdad en la aplicación de la Ley):

    El Tribunal Constitucional, desde los años 80, establece que, si bien distintos tribunales no tienen la obligación de tratar igual casos iguales (debido a la independencia judicial), el principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley sí rige respecto de un mismo tribunal o sección.

    Si un tribunal de justicia tiene una línea jurisprudencial precedente consolidada sobre un tipo de asuntos, vulnera el principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución Española) si, al presentársele un asunto sustancialmente igual, cambia de criterio sin motivarlo de forma suficiente y razonable. Los tribunales pueden cambiar de criterio (evolución jurisprudencial), pero tienen la carga de motivar dicho cambio. Si no lo motivan, la vulneración no es del artículo 24.1 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva por falta de motivación), sino del artículo 14 (igualdad).

    (Nota: El texto original menciona una posible evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el desconocimiento del propio precedente a partir de 2001, cuyo detalle específico no se incluye en este fragmento).

Contenido Específico del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva

El derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) es un derecho complejo que se subdivide en varios derechos específicos:

a) Derecho de acceso a los tribunales

Este derecho entraña un doble mandato:

  • Para el legislador: Impone la obligación de no erigir obstáculos indebidos, desproporcionados o irrazonables para el acceso a la jurisdicción. Muy señaladamente, no debe establecer causas de inadmisión o requisitos procesales que resulten arbitrarios, injustificados o absurdos.
  • Para los jueces y tribunales: Tienen la obligación de no inadmitir a trámite las demandas o pretensiones, salvo en los casos y por las causas taxativamente previstos en la ley (tal y como dispone, por ejemplo, el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Además, esas causas legales de inadmisión han de ser objeto de interpretación restrictiva.

En este ámbito rige con plenitud el principio pro actione, que compele a una interpretación de los requisitos procesales favorable a la admisión de la demanda, permitiendo así un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (la demanda se admite y, si posteriormente se considera infundada, se desestima en sentencia, pero tras el correspondiente proceso).

b) Derecho de acceso a los recursos

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (especialmente a partir de la Sentencia 37/1995) distingue este derecho del acceso a la primera instancia jurisdiccional, entendiéndolo con una mayor flexibilidad y con ciertas particularidades:

  1. No es lo mismo acceder por primera vez a la jurisdicción para obtener una primera respuesta judicial, que pretender acceder a una segunda o ulterior instancia (recurso) cuando ya se cuenta con una sentencia.
  2. El derecho a los recursos, salvo en materia penal respecto de la sentencia condenatoria, es un derecho de configuración legal. Esto quiere decir que, con esa salvedad, solo se tiene derecho a recurrir en los casos, por los motivos, con los requisitos y en la forma que la ley establezca. El derecho al recurso está reconocido en la Constitución, pero su concreción y alcance están mediatizados por lo que la ley disponga.

El Tribunal Constitucional permite que los tribunales ordinarios, y señaladamente el Tribunal Supremo, sean los principales intérpretes de las causas de inadmisión de los recursos, pudiendo hacerlo incluso de manera que pueda parecer extensiva, siempre que no sea arbitraria. Lo que este derecho prohíbe es que un tribunal ordinario interprete una causa de inadmisión de manera manifiestamente absurda, ilógica, irrazonable o desproporcionada. En este ámbito, el principio pro actione no rige con la misma intensidad que en el acceso a la primera instancia.

En materia penal: Cuando una persona es condenada penalmente (excepto si se trataba de un juicio de faltas, hoy reconvertidos en delitos leves con un régimen particular), es obligatorio —constitucionalizado por vía del artículo 10.2 de la Constitución Española, en relación con los tratados internacionales sobre derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos— que la legislación procesal penal prevea un recurso amplio ante un tribunal superior para que la declaración de culpabilidad y la pena sean revisadas.

c) Derecho a la congruencia de las resoluciones judiciales

La congruencia exige que exista una correlación entre lo que las partes han solicitado en el proceso (pretensiones y resistencias) y lo que el juez falla o resuelve en su sentencia. Este deber presenta matices según se trate de un proceso civil, penal, contencioso-administrativo o laboral.

En la mayoría de los procesos civiles, que se rigen por el principio dispositivo (el objeto del proceso lo delimitan las partes), el juez debe ser estrictamente congruente. La incongruencia, que vulneraría la tutela judicial efectiva, puede manifestarse de diversas formas:

  • Incongruencia omisiva o por defecto (citra petita): Cuando el juez no se pronuncia sobre alguna de las peticiones principales formuladas por las partes en sus escritos fundamentales (demanda, contestación, reconvención), siempre que no quepa interpretar que han sido desestimadas tácitamente.
  • Incongruencia por exceso o ultra petita (más allá de lo pedido): El juez concede más cuantitativamente de lo solicitado por la parte actora (ejemplo: se piden 6 millones de euros y el juez concede 8 millones).
  • Incongruencia por desviación o extra petita (fuera de lo pedido): El juez altera sustancialmente el objeto del proceso (la causa petendi o el petitum), modificándolo, y se pronuncia sobre algo distinto de lo que fue objeto del debate procesal. El juez introduce hechos nuevos no alegados o cambia la calificación jurídica de forma sorpresiva sin dar oportunidad de debate, causando indefensión.
    Ejemplo: Se reclama una cantidad en virtud de un incumplimiento de contrato de renta vitalicia, y el juez, sin que las partes lo hayan planteado, no se pronuncia sobre dicho contrato, sino que recalifica los hechos como una donación y resuelve sobre esta base, alterando los términos del litigio.

Además, en los procesos civiles dispositivos, la congruencia implica que el juez, aunque pueda tener un conocimiento privado de la verdad material, debe, en principio, dar por ciertos y válidos los hechos afirmados por una parte y admitidos expresa o tácitamente por la contraria. No puede alterarlos de oficio, ni fundar su decisión en hechos no alegados, ya que incurriría en incongruencia extra petita y vulneraría el principio de aportación de parte.

d) Derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes

Las resoluciones judiciales que han ganado firmeza han de ser respetadas y no pueden ser alteradas o desconocidas. Para entender este derecho, es útil diferenciar los tipos de resoluciones judiciales:

  • Providencias, Autos y Sentencias Interlocutorias: Son resoluciones de trámite que deciden cuestiones incidentales, dan paso de una fase del proceso a otra o impulsan el procedimiento, pero generalmente no entran en el fondo del asunto principal.
  • Sentencias y Autos Definitivos: Ponen fin a la instancia o al juicio en una determinada fase, o hacen imposible su continuación respecto de alguna cuestión. Una sentencia es definitiva, por ejemplo, cuando pone fin a la primera instancia. Si no es recurrida en plazo, o siéndolo se desiste del recurso, adquiere firmeza.
  • Resoluciones Firmes: Aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien porque la ley no lo prevea (agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes) o porque, existiendo, las partes han dejado transcurrir el plazo para interponerlo sin hacerlo, o han renunciado o desistido del mismo.

Dentro de este derecho a la intangibilidad se incluye el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales: una vez dictadas y firmadas por el juez o tribunal, no pueden ser modificadas o alteradas por el mismo órgano que las dictó, aunque este advierta un error (salvo para la corrección de errores materiales manifiestos, numéricos o aritméticos evidentes, o para aclarar algún concepto oscuro, rectificaciones que suelen hacerse a instancia de parte o, en casos tasados, de oficio, pero sin alterar lo sustancial de lo decidido).

La firmeza de una resolución implica que es irrecurrible (lo que se conoce como cosa juzgada formal) y, como tal, debe ser respetada por el juez que la dictó, por las partes y por terceros. Si no se respeta, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Un juez no puede volver a conocer de asuntos ya enjuiciados y que han alcanzado firmeza entre las mismas partes.

Algunas resoluciones firmes que se pronuncian sobre el fondo del asunto (no sobre cuestiones meramente procesales) adquieren, además, la cualidad de cosa juzgada material. Esto significa que despliegan efectos vinculantes en procesos ulteriores diferentes de aquel en que se dictaron, impidiendo un nuevo pronunciamiento sobre lo ya decidido, siempre que concurran las identidades legalmente exigidas (identidad de sujetos, objeto y causa de pedir).

e) Derecho a la ejecución de las sentencias firmes en sus propios términos

No se puede hablar de una tutela judicial verdaderamente efectiva si las sentencias firmes que reconocen derechos no se cumplen o ejecutan. Por tanto, las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes que contengan un pronunciamiento de condena deben ser ejecutadas en sus propios términos. Este es un derecho fundamental integrante de la tutela judicial efectiva.

Si bien la ejecución en sentido estricto y definitivo se predica de las resoluciones firmes, el ordenamiento jurídico contempla la figura de la ejecución provisional. Esta permite comenzar a ejecutar una sentencia que aún no es firme (por estar pendiente de recurso), dependiendo la consolidación de sus efectos de que la sentencia no sea revocada por el tribunal superior. Así, se puede empezar a ejecutar antes de que la resolución alcance firmeza, bajo ciertas condiciones y garantías.

(Comentario del texto original, contextualizado: La existencia de la ejecución provisional puede, en la práctica, influir en la dinámica de los recursos, ya que un tribunal superior podría ser más cauto al revocar una sentencia que ya está siendo provisionalmente ejecutada, especialmente si muchos juzgados operan con un criterio de practicidad y evitación de situaciones consumadas de difícil reversión).

Es crucial que el régimen de la ejecución provisional no menoscabe el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias una vez que estas adquieren firmeza. Estas últimas son las verdaderamente válidas y deben poder ser ejecutables en su integridad. La ejecución definitiva de una sentencia firme no puede volverse imposible o ilusoria por el hecho de que se haya llevado a cabo una ejecución provisional basada en una sentencia no firme que posteriormente sea revocada o modificada en un sentido diferente.