Regulación Temprana del Trabajo Infantil

  1. Los niños y las niñas menores de 10 años no trabajarán en fábricas, talleres o minas.
  2. Jornadas laborales de 5 horas diarias para menores de 13 y 14 años.
  3. El trabajo de los jóvenes de 13 a 15 años ni el de las jóvenes de 14 a 17 no excederá de ocho horas.
  4. A partir de las 20:30 no trabajarán menores de 15, ni niñas menores de 17 en lugares con motores hidráulicos o de vapor.
  5. Los establecimientos de que habla el art. 1.º situados a más de cuatro kilómetros de lugar poblado, y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de 80 obreros y obreras mayores de 17 años, tendrán obligación de sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de nueve años. Es obligatoria la asistencia a esta escuela durante tres horas por lo menos para todos los niños comprendidos entre los nueve y 13 años y para todas las niñas de nueve a 14.
  6. También están obligados estos establecimientos a tener un botiquín y médicos cerca de su ubicación.
  7. La falta de cumplimiento a cualquiera de las disposiciones anteriores será castigada con una multa de 125 a 1.250 ptas.
  8. Jurados mixtos de obreros, fabricantes, Maestros de escuela y Médicos, bajo la presidencia del Juez municipal, cuidarán de la observancia de esta ley y de su reglamento en la forma que en él se determine, sin perjuicio de la inspección que a las autoridades y Ministerio fiscal compete en nombre del Estado.
  9. No se construirá ningún establecimiento sin que los planos se hayan previamente sometido al examen de un Jurado mixto, y hayan obtenido la aprobación de este, respecto solo a las precauciones indispensables de higiene y seguridad de los obreros.
  10. En todos los establecimientos mencionados en el art. 1.º se fijará la presente ley y los reglamentos que de ella se deriven.
  11. El Ministerio de Fomento queda encargado de la ejecución de la presente ley.

Artículo transitorio. Interin se establecen los Jurados mixtos, corresponde a los Jueces municipales la inmediata inspección de los establecimientos industriales, objeto de esta ley.

El Anarquismo Español y la CNT

La ideología anarquista tuvo un gran arraigo en España, siendo en muchos periodos la opción preferida de forma mayoritaria por parte del proletariado industrial y agrícola. A comienzos del siglo XX podemos hablar de tres corrientes:

  • Los llamados “puristas”, antisindicales.
  • Los partidarios de la “acción directa” (terrorismo).
  • Los “anarcosindicalistas”, basados en la teoría del sindicalismo revolucionario coherentemente formulada por teóricos franceses.

Siguiendo a estos últimos, en España el anarcosindicalismo logró crear una verdadera fuerza de masas. En 1907 se fundó la confederación sindical Solidaridad Obrera en Barcelona. De tendencia anarcosindicalista, publicó un órgano de expresión bajo su mismo nombre, periódico conocido popularmente como “Soli”. Con la recesión económica de 1908-1909, frente a los despidos y la reducción salarial, Solidaridad Obrera planteó en su periódico la posibilidad de convocar una huelga general. Lo que tuvo como resultado la Semana Trágica de Barcelona (1909).

Tras la represión de estos acontecimientos, los anarcosindicalistas convocaron un Congreso Nacional de Trabajadores en Barcelona en el año 1910. En el mismo se acordó la creación de la CNT, que llegaría a convertirse en el principal sindicato de masas de la clase obrera española hasta la Guerra Civil, superando a la UGT.

Y si en el conjunto de España la CNT superó a la UGT, en Cataluña se convirtió en casi la única central sindical, lo cual es especialmente importante por ser aquella la mayor región obrera española. La CNT y la UGT tenían un tono “tosco” y un anti-intelectualismo decididamente proletario. Y, sin embargo, las revistas y bibliotecas que sus agrupaciones fomentaban contribuyeron decisivamente a la educación de la clase obrera.

La CNT se formó inicialmente por sindicatos con poca disciplina organizativa. Intentaron evitar el fomento de la huelga como arma económica que frenara la “acción directa”, pues tenían claro el carácter anarcosindicalista. Aunque, teóricamente, no se apoyaban las huelgas parciales ni económicas, aunque obviamente los miembros de la CNT se vieron inmersos en ellas. Si las bases del sindicato CNT no hubieran apoyado estas movilizaciones, nunca hubiera sido un sindicato de masas. Fue el instinto de clase de los militantes de base el que se impuso a las teorizaciones de “la dirección”. Evidentemente, el carácter asambleario y federalista de la organización permitió que cada agrupación, a nivel sectorial o local, tomara las decisiones oportunas. La CNT convocó la huelga general de 1911, lo que la llevaría a ser ilegalizada hasta 1914. De vuelta a la legalidad, destacó su fundación de ateneos sindicalistas, como el de Barcelona (1915), dirigido por Salvador Seguí. Llegados al año 1917, CNT y UGT conjuntamente convocarán una nueva huelga general. Como movimiento huelguístico de preeminencia anarquista destacó en 1919 la conocida como “huelga de La Canadiense” en Cataluña, cuya consecuencia principal fue la aprobación de la jornada laboral de 8 horas en España. La CNT alcanzaba por entonces unos 750.000 afiliados.

A finales de la década de 1910 las huelgas industriales se extendían por las regiones del Norte, mientras que destacaban las huelgas campesinas por Andalucía. Este fue el ambiente en que se recibió el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia. La clase obrera española, como la mundial, quedó impresionada con la victoria soviética. El impacto en el PSOE y la UGT es bastante conocido, llevando a la creación del primer PCE; pero no se insiste tanto en el hecho de que produjo gran simpatía entre la CNT, la cual llegó a afiliarse, por un tiempo, a la III Internacional. El hecho de que la URSS funcionara en sus primeros tiempos a través de las asambleas obreras o “soviets”, permitió que los anarcosindicalistas españoles vieran en ella la encarnación de sus ideales colectivistas. Como decimos, Cataluña fue el territorio donde la CNT tuvo más influencia. Contaba allí con la parte más poderosa del movimiento obrero e incluso con clases medias implicadas activamente. Ante ellos, la burguesía catalana presionaba fuertemente, temiendo la fuerza de los trabajadores organizados.

El leonés Ángel Pestaña llegaría a ser el secretario general de la CNT en 1929; además, Pestaña daría un paso novedoso para el anarquismo como fue la creación de un partido político, con el llamado Partido Sindicalista fundado ya en 1932. Otro famoso cenetista leonés fue Buenaventura Durruti. En el ámbito anarquista, además de la CNT surgiría la FAI en el año 1927 en Valencia, uniéndose en la misma grupos españoles y portugueses.

Los Sindicatos Católicos en España

La expresión “cuestión social” hace referencia a la explotación sistemática de las clases trabajadoras por la industrialización capitalista. El liberalismo clásico propugnó que nadie más que el libre mercado debía intervenir en las relaciones entre patronos y obreros. Pero dado el abuso que los primeros cometieron sobre los segundos, hizo que cada vez más sectores apoyasen la idea de que se podía y se debía intervenir. Hacia 1890 el debate sobre la intervención estatal en las relaciones de trabajo era un tema de actualidad en Europa. Gobiernos como el de Bismarck lo habían comenzado a hacer. Llegaría incluso hasta el Vaticano, tomando parte la Iglesia Católica. Fue el Papa León XIII quien en su Rerum Novarum, criticó la opresión social y laboral que sufrían los trabajadores. Hay quienes opinan que el motivo de dicha reacción fue el gran auge que estaban alcanzando los sindicatos marxistas o anarquistas en toda Europa, grupos que además de demandas laborales y políticas propugnaban abiertamente el ateísmo religioso. Lo cierto es que, a raíz de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, surgiría con fuerza el sindicalismo católico, iniciándose la Doctrina Social de la Iglesia. En España hay precedentes a los sindicatos católicos que nacerían a partir de esta encíclica. Ya antes existían los llamados Círculos Católicos de Obreros, siendo los primeros creados por los jesuitas, precursores del concepto “justicia social” desde mediados del siglo XIX.

Pero a partir de la encíclica, además de los círculos, van a comenzar a fundarse los Sindicatos Católicos. En el año 1916 había más de medio millar de organizaciones obreras católicas en España. Los Sindicatos Católicos fueron organizaciones confesionales en sus denominaciones, organización e ideología. Las impulsaron personalidades eclesiásticas y se configuraron de forma interclasista, buscando integrar tanto a obreros como a patronos. Por ello, aunque sí persiguieron objetivos profesionales, no defendían la lucha social. Esto fue muy aprovechado por la burguesía, que llegó a apoyar estos sindicatos directa e indirectamente. Todo ello hizo que desde los sindicatos de clase (socialistas o anarquistas) criticasen los sindicatos católicos, asegurando que eran un engaño sostenido por los patronos para frenar el verdadero movimiento obrero y evitar profundas reivindicaciones laborales. Denominaron a estas organizaciones católicas como “sindicatos amarillos”. Pero debe reconocerse también que algunos de estos sindicatos católicos desarrollarían importantes proyectos cooperativistas, logrando beneficiar a las comunidades donde se realizaron. Especialmente fructíferos fueron en el ámbito agrícola, donde los sindicatos católicos sirvieron para comprar máquinas que los campesinos individualmente no podían asumir. Como ejemplo de cooperativas agrícolas católicas podemos citar la Federación Católico-Social de Navarra (1910), con un marcado carácter proteccionista, conservador y antisocialista, que favoreció a los agricultores el abastecimiento de abonos, semillas e incluso seguros contra accidentes de trabajo o ante inclemencias climatológicas.

También fueron el germen de algunas cooperativas de crédito. Por ejemplo, la fundada en 1916, la Cooperativa de Crédito Popular y Caja de Ahorros y Préstamos de Valladolid. El sindicalismo católico obtuvo sus mayores éxitos en los ámbitos agrarios y en las zonas rurales, mientras que tuvo poca fuerza en el ámbito industrial. Contó con organizaciones nacionales importantes en sectores de servicios. Acción Social Popular destacó como la iniciativa a nivel nacional más importante del catolicismo social, originada en Cataluña y extendida a España entre 1908 y 1916, cuando pasó a denominarse Acción Popular. En abril de 1919 se celebró el congreso constituyente de la Confederación Nacional de Sindicatos Católicos, que entonces contaba con unos 40.000 miembros.

Conflictividad Laboral en España (1909-1919)

La crisis económica de 1908 dañó notablemente las condiciones laborales existentes en España. Se produjeron reducciones salariales o despidos, lo cual agitó a las organizaciones sindicales. En Cataluña, predominaba el anarquismo; su periódico Solidaridad Obrera comenzó a plantear la posibilidad de convocar una huelga general ante tal situación. El clima de conflictividad social creciente llegaría a un punto de no retorno al producirse el llamamiento a filas de reclutas para la guerra colonial en Marruecos el 10 de julio de 1909. Afectó a los reservistas de los cupos de 1903 a 1907, pero el rechazo se produjo debido a que la legislación de reclutamiento vigente permitía quedar exento de la incorporación a filas, bien consiguiendo que fuera otra persona en su lugar, o mediante el pago de un canon de reales lejos del alcance de los trabajadores. Los sindicatos socialistas y anarquistas se opusieron al llamamiento a filas bajo el lema ¡Todos o ninguno!, lo que desencadenó protestas en muchas ciudades españolas. En días sucesivos se procedió a la detención de líderes sindicales. Fue en Barcelona donde los incidentes alcanzaron una mayor virulencia.

Las organizaciones anarquistas declararon la huelga el lunes 26 de julio y las autoridades decretaron el estado de guerra en la ciudad. El enfrentamiento desarrollado entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909 se conoce como la Semana Trágica de Barcelona. Se produjo una verdadera revolución obrera que dio paso a un movimiento de insurrección, caracterizado por los incendios y el anticlericalismo. La agitación popular aumentó al conocerse noticias de Marruecos y especialmente el llamado “Desastre del Barranco del Lobo”, donde murieron unos 250 reservistas mayoritariamente barceloneses. Finalmente, los disturbios de la ciudad de Barcelona terminaron con un total de 78 muertos, unos 500 heridos y 112 edificios incendiados. La represión posterior por parte del Gobierno Maura acabó con miles de detenciones y 5 condenados a muerte; entre los fusilados destacó Francisco Ferrer Guardia, pedagogo cofundador de la Escuela Moderna. Tras la Semana Trágica de Barcelona, el anarquismo catalán sufrió un periodo de reorganización. Disuelto el sindicato Solidaridad Obrera, en 1910 los anarcosindicalistas convocaron un Congreso Nacional de Trabajadores en Barcelona y en él fundaron la CNT. Por su parte, el socialismo español lograba ese mismo año su primer escaño, al salir elegido como diputado Pablo Iglesias Posse. La década de 1910 se caracterizaría por la I Guerra Mundial. La neutralidad española en el conflicto bélico europeo favoreció a los sectores industriales y, con ello, crecieron las clases obreras. Fueron los años de mayor auge de la CNT. Pero los beneficios económicos no tuvieron un reparto equitativo y, con la llegada de la crisis al reducirse la demanda exterior, ante el alza de los precios de los bienes de consumo, el movimiento obrero activó la conflictividad social. Para frenarlo, los patronos se organizaron en toda España contra el socialismo y el sindicalismo revolucionario. Buscaron el apoyo del Gobierno para reprimirlo por medio de la policía. Muchos trabajadores vieron el terrorismo individual anarquista como una maniobra de provocadores para justificar la persecución y la represión policial, por lo que la UGT aumentó sus afiliaciones. También se dio el llamado “terrorismo blanco”, ejercido por pistoleros a sueldo de la patronal.

El clima social empeoró notablemente. En los años 1917 y 1918 se dio un incremento de la actividad huelguística en España, apoyándose fundamentalmente en los sindicatos CNT y UGT. El gobierno prohibió Solidaridad Obrera, periódico oficial de la confederación, cerró centros obreros y detuvo a dirigentes sindicales, como a los que organizaron la huelga general de 1917. A pesar de ello, la conflictividad siguió creciendo. En febrero de 1919 se inició la famosa Huelga de “La Canadiense”, una empresa eléctrica de Barcelona llamada Riegos y Fuerzas del Ebro, S.A., pero conocida popularmente como “la canadiense” porque su principal accionista era de Canadá. La huelga se originó en solidaridad con ocho trabajadores despedidos y se extendió, produciendo una huelga general en la industria y el campo catalanes. Tras una dura lucha de 44 días, supuso un gran logro para la CNT, principal sindicato movilizador. Esta huelga constituyó uno de los mayores éxitos del movimiento obrero español, lográndose mejoras salariales, la readmisión de obreros despedidos, la liberación de miles de obreros detenidos durante el conflicto y, como principal consecuencia, la aprobación del Real Decreto de 1919 por el que se estableció la jornada laboral de ocho horas en España, siendo nuestro país el primero que consiguió el establecimiento de esta reivindicación obrera. Desde luego, el logro de la jornada de 8 horas no se debió exclusivamente a la “huelga de la canadiense”, sino que fue consecuencia de un movimiento huelguístico generalizado en toda España, tanto en la industria como en sectores agrarios, mineros o de servicios; y en un clima de agitación social que ha sido denominado por algunos historiadores como el “trienio bolchevique”. Sin embargo, no todo fue exitoso. El clima de conflictividad llevó a que el gobierno, por un lado, ordenase formar las comisiones mixtas de negociación, mientras que por otra parte procedía a la detención de sindicalistas. Hubo líderes de la CNT que se radicalizaron y optaron por la vía terrorista para tratar de hacer frente a los asesinatos a sueldo de algunos sindicalistas por medio del llamado “terrorismo blanco”. Antiguos policías de la “brigada político-social” se encargaron de dirigir las bandas de pistoleros a sueldo de la patronal contra las organizaciones obreras en general y especialmente contra los cenetistas o confederales.

A finales de 1919, el gobierno intentó pactar con el sector sindicalista de la CNT, pero la Federación de Patronos planteó el “lock-out” (cierre de fábrica) y se recrudeció la lucha. El llamado “pistolerismo”, “años de plomo” o escalada terrorista, por ambas partes, crecería a partir de 1920. El gobierno abandonó definitivamente la vía reformista y pasó a aplicar una dura represión por medio de la policía y el ejército. Incluso aplicaba la criminal “Ley de fugas” a los sindicalistas, lo que permitía el asesinato de los detenidos alegando intentos de huida. La respuesta anarcosindicalista fue violenta, hasta el punto de asesinar al presidente del consejo de ministros, Eduardo Dato, a principios de 1921, en un atentado perpetrado en Madrid por tres pistoleros anarquistas.

Economía y Huelgas durante el Franquismo

Etapas Económicas Franquistas

Al finalizar la Guerra Civil, el bando vencedor, dirigido por el general Francisco Franco, abolió la mayoría de conquistas sociales conseguidas hasta y durante el periodo republicano. Por ejemplo, el franquismo prohibió y persiguió la libertad sindical a los trabajadores con la Ley de Unidad Sindical, a partir de la cual solo pudo existir un sindicato vertical, controlado por el Estado, prohibiéndose los sindicatos de representación obrera. Muchos de los dirigentes izquierdistas, también los de los sindicatos de clase, fueron encarcelados y fusilados. Los que pudieron escapar de España al finalizar la guerra huyendo de la represión de la dictadura, vivieron durante décadas en el exilio. En materia económica, el franquismo se puede dividir en dos grandes periodos. Una primera parte fue la Autarquía, a la que seguiría el Desarrollismo. Ambos periodos se separan por el llamado “Plan de Estabilización” (1959). Tras la Guerra Civil, el dictador Franco impuso la fase económica de la Autarquía. Lo hizo a semejanza de las doctrinas fascistas, basándose en una producción absolutamente nacional, tanto en los sectores primarios como secundarios, evitando las importaciones de materias primas y productos de otros países.

En teoría, esto produciría el desarrollo endógeno, a base de la nacionalización de sectores productivos que, bajo el paraguas del Estado, financiarían nuevas empresas nacionales a través del INI. Pero la autarquía, si bien dinamizó algunos sectores, en general supuso un gran atraso tecnológico para España, al impedir importaciones de maquinaria tecnificada o materias primas necesarias. También cercenó durante años las inversiones de capitales extranjeros. Además, algunos grandes proyectos autárquicos pecaron de falta de viabilidad y constituyeron oligopolios. La sociedad española sufrió enormemente las consecuencias de la autarquía, pues escasearon los productos, incluso los de primera necesidad. Aunque desde 1953 se inicia una colaboración económica con los Estados Unidos, no será hasta el año 1959 en que se elimine definitivamente la autarquía económica con el llamado “Plan de Estabilización”, que significó la entrada masiva en los gobiernos franquistas de los llamados “tecnócratas”, ministros ya sin filiación militar o política y a quienes se encomendó desarrollar la economía en base a criterios modernizadores. Tras 1959, la España franquista dio paso al Desarrollismo. Gracias a la intermediación de organismos internacionales, nuestro país se abrió al comercio y a las inversiones extranjeras, también al turismo de masas. Se produjo así en la década de 1960 un brusco crecimiento económico, que se basó en la industria, la construcción y los servicios. Creció notablemente la renta per cápita y se habló del “milagro económico español”. Pero también produjo un gran éxodo rural, una importante inflación y enormes daños para el patrimonio medioambiental y cultural.

Desde 1973 la Crisis del Petróleo frenó la economía mundial y España no fue una excepción, aunque sus consecuencias comenzaron a percibirse más tarde. Para los españoles, la década de 1970 fue la de la emigración a países europeos, especialmente a Alemania y Francia; allí tuvieron acceso a puestos de trabajo mucho mejor remunerados que en España y con amplias coberturas sociales y derechos. El ahorro de los trabajadores emigrantes significó una importante entrada de divisas para la economía española, gracias al envío de dinero a sus familiares desde el extranjero. Pero también significó una apertura social ya que, tras generaciones de franquismo, los españoles conocieron a través de los emigrantes que fuera existía otra realidad distinta a la férrea dictadura.

Huelgas durante el Franquismo

Las huelgas son la manifestación por excelencia del conflicto social en las sociedades industriales avanzadas. En España, tras la Guerra Civil, la huelga fue calificada como delito. El Código Penal de 1944 las calificaba como delito de sedición. Pero el régimen de negociación colectiva establecido en 1958 implicó la posibilidad de admitir situaciones conflictivas nacidas de la confrontación de intereses colectivos en el contexto de la negociación. Debido a ello, se llevó a cabo un cambio legislativo en el año 1962, regulándose por vez primera los conflictos de trabajo en sentido formal, lo que venía a ser un reconocimiento de los mismos. El Decreto-Ley sobre regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo, supuso una cierta legitimidad del recurso a la huelga, aunque limitado a una serie de requisitos de fondo y de forma que el propio texto legal contenía. En 1970 y en 1975 se volvió sobre el tema, ampliándose tímidamente la normativa, que, si bien reconocía su existencia, a la hora de la regulación atendía más a medidas de naturaleza represivas que a aquellas que trataban de encauzarlos. Desde comienzos de la década de 1960 y hasta 1975 se produjo un alza en la conflictividad laboral, con diversas oscilaciones en función de la negociación colectiva y de los efectos de la represión. En los meses de abril y mayo, las huelgas de 1962 fueron numerosas, afectando de forma especial a la minería asturiana, y extendiéndose a otras cuencas de León, Berga, Teruel, Barruelo y Puertollano.

También hubo paros en las fábricas de metal de Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Barcelona. El número de huelguistas se movió en torno a los 200.000, cantidad hasta ese momento impensable por parte de las autoridades. Pero lo decisivo no fue solo la magnitud, sino la coincidencia con otros movimientos de la oposición política (reunión del Movimiento Europeo en Múnich, denominado por el Régimen como “Contubernio de Múnich”), y la necesidad de conseguir la pacificación, lo que llevó al mismo José Solís a desplazarse a Oviedo para negociar con los huelguistas. Desde 1963, contamos con información estadística sobre el número de los llamados conflictos colectivos, es decir, las huelgas. Su número tiende a crecer, en especial a partir de 1969, momento en que se produce un impulso que se prolongará hasta la muerte de Franco, año en que alcanza el máximo nivel. Los sectores más conflictivos entre 1963 y 1974 fueron la siderurgia y la metalurgia, seguidos a gran distancia por la minería y la construcción. El tamaño de las empresas influyó decisivamente a la hora de que se produjeran o no huelgas. Entre 1968 y 1974, el 67,4 por ciento del número total de conflictos tuvo lugar en centros con más de 100 trabajadores. En dichas empresas se daban dos condiciones que facilitaban la protesta: la existencia de un convenio colectivo y un jurado de empresa en el que era habitual la presencia de militantes de la oposición. La distribución geográfica de las huelgas estuvo marcada por las provincias que habían experimentado un intenso proceso de industrialización como Madrid y Guipúzcoa, así como por los tradicionales bastiones obreros, que mantenían una notable presencia de la industria como Barcelona y Vizcaya, y por provincias que se encontraban en declive como era el caso de Asturias. También se producen conflictos significativos en otras provincias que, si bien no tenían tradición de lucha obrera, habían desarrollado una cierta industrialización; este sería el caso de Navarra y Valladolid. En el mapa del conflicto se combinan los rasgos definidores de la transformación social del país, urbanización e industrialización, más la existencia de vanguardias organizadas. En los casos en que dichas vanguardias son muy recientes, el papel impulsor del conflicto corresponde a los militantes católicos, que optan en un momento determinado por enfrentarse al Régimen, hecho que se aprecia con claridad en Navarra.